Critica al sistema económico
Observando exclusivamente los resultados de la economía en términos de producto interno bruto (PIB), se podría pensar que México tiene una economía próspera con proyecciones de crecimiento relativamente optimistas para los próximos años. Pero si ampliamos ese análisis e incluimos otros indicadores de desarrollo económico, vemos que los beneficios del crecimiento no han tenido la penetración necesaria para eliminar inequidades y así impulsar la movilidad social.
Los altos y persistentes niveles de pobreza y desigualdad y el bajo crecimiento económico se expresan en el ámbito de los hogares (bajos ingresos, desigualdad de oportunidades, limitado empoderamiento, vulnerabilidad, etc.) pero responden a causas derivadas del contexto institucional. El Estado no sólo no cumple el rol de compensar las desigualdades existentes sino que, por el contrario, los procesos de toma de decisión de las políticas públicas así como las formas en las que se agregan los intereses de distintos grupos de ciudadanos refuerzan la transmisión intergeneracional de la desigualdad y la vulnerabilidad a la pobreza.
Las características actuales de la estructura fiscal, la baja capacidad para regular a las estructuras monopólicas en favor de los consumidores (que se evidencia por ejemplo en lo que acontece en los mercados de telecomunicaciones o de harina de maíz), las reglas de juego poco transparentes (que se evidencia por ejemplo en la baja imparcialidad que hay al ejecutar las leyes) y la escasa respuesta a las demandas de los ciudadanos ante actos de corrupción, se encuentran entre las principales razones que explican nuestra mala situación económica.
En la raíz de estos problemas se encuentra que la cadena de delegación democrática no funciona bien en México. Esto se hace evidente en: La presencia extendida del clientelismo político, mecanismo por el cual el funcionario entrega prebendas a ciertos ciudadanos a cambio del apoyo político o el voto.
La captura del estado que implica que ciertos funcionarios públicos representan los intereses particulares de ciertos individuos o grupos económicos, como se evidencia en ciertas asignaciones presupuestarias (sector agrícola y energético, por ejemplo) y en la regulación de ciertos sectores (telecomunicaciones, por ejemplo).
La corrupción, definida como aquella situación en la que el funcionario público ejerce discrecionalidad en su actuar para favorecer a ciertos agentes económicos a cambio de dinero, y cuya presencia se ha hecho sistémica.
Una consecuente debilidad institucional con bajo compromiso ciudadano, surgiendo este último por experiencias en las cuales las relaciones sociales y la proximidad con el poder resultaron más útiles que los procesos formales para acceder a los bienes y recursos públicos.